Existen denuncias de que los dineros asignados a la educación no llegan a los colegios populares, razón por la cual, no pueden contratar psicólogos ni catequistas para el correcto funcionamiento de las instituciones.
Según el censo de 2018 La Edad promedio de los colombianos aumentó de 22 a 31 años en los últimos 12 años, lo que indica que la tasa de natalidad cayó de manera dramática y, proyectado a futuro, en 15 años esa edad promedio ya se especula en 45 años. Colombia pasó de un proyectado de 55 millones de habitantes a 45.5 millones.
Lo que indica que las personas en edad de proceso educativo están cayendo dramáticamente. Se extingue la juventud en Colombia.
Con el reciente aumento del presidente Duque del presupuesto para la educación, el porcentaje del Pib que Colombia dedica a educación pasó, del 1.8 hace 20 años al 5.1% en el 2019 lo que quiere decir que se ha triplicado en este lapso según el Banco Mundial.
Estados Unidos dedica al gasto de Educación el 5.1% del PIB.
El déficit fiscal en 2019 será de 2,7% lo que quiere decir que Colombia tiene que pedir plata prestada para atender sus dispendios porque el recaudo de impuestos, no alcanza para sostener los gastos. A pesar de que los impuestos en Colombia representan un 70% de los ingresos de los ciudadanos
Ningún gobierno puede dar nada que previamente no le haya quitado otros por vía impositiva.
El gobierno colombiano exige un aporte a través del CREE, a todas las empresas del país para la educación superior. Este aporte mediante el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014 y el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015 se aumentó del 0,4 a 0,6 y beneficia a los 650.000 estudiantes que tiene la universidad pública en Colombia.
En el 2018, Colombia destinó para programas de investigación y desarrollo universitario, 2,200 millones de millones, aunque en la historia de Colombia la universidad no ha sido el gran generador de ideas, se espera que a través de la economía naranja y con esta gran inversión, empiece a serlo.
Una de las principales problemáticas identificadas y sobre la que la Unesco hace un especial llamado es la falta de rendición de cuentas. De allí la urgencia de crear una Superintendencia de Educación en Colombia, porque los dineros que el estado asigna para la educación suelen caer en los llamados carruseles de la contratación, como se ha visto recientemente, con los almuerzos escolares.
El profesor Carlos Yepes Ocampo de la Universidad de Caldas, ha llamado la atención sobre el entramado de prácticas ilegales, alianzas sospechosas entre caciques políticos y rectores Universitarios, que han creado redes de clientelismo, tráfico de influencias y defraudaciones al patrimonio público, así como delitos administrativos institucionalizados al interior de las universidades, persecuciones políticas, cancelación de contratos laborales por razones políticas, crecimiento burocrático, malversación de recursos, falsedad en notas, la venta y uso de títulos falsos de egresados y docentes, ventas de cupos para ingresar a cursar carreras universitarias, irregularidades en los procesos de designación de rectores, actuaciones irregulares de los Consejos Universitarios, contratación de servicios y obras mediadas por cuotas burocráticas, como lo denuncio recientemente el diario el Espectador, hay rectores universitarios con salarios de $95 millones mensuales y bonificación de $69 millones mensuales como auxilio de seguridad, a pesar de que cuentan con escoltas y carros blindados. Se han descubierto funcionarios de planta administrativa que no cumplen con los perfiles exigidos, cargos que se crearon sin requisitos o que se duplicaron. Hace cuatro años, la organización Transparencia por Colombia evaluó a 32 universidades públicas y todas ellas tenían un riesgo alto de corrupción, con el agravante que las irregularidades en las universidades no están sujetas a la inspección o vigilancia de los entes de control, es decir, nadie las supervisa. No existe una superintendencia de Educación.
En Colombia hay contratistas del estado, que son además miembros de la asamblea legislativa, es decir que aprueban los contratos, que sus fundaciones, contratan con el estado.
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2018&locations=CO&start=2018&view=bar
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-166582.html
https://youtu.be/0U_svlem3s8?t=89
Hayek en su obra el camino a la servidumbre, denuncia la planificación estatal, que no solo es ineficiente, sino que hace inevitable que la democracia se deslizase hacia el totalitarismo y el abandono de la responsabilidad individual, lo que hoy conocemos como el estado de bienestar, populismo o demagogia, hecho que denunció hace 2500 años Sócrates y por el cual fue condenado a tomar la cicuta. Un Ejemplo es que en Inglaterra se pasó; de 68,000 estudiantes universitarios en 1980 a 500,000 en 2014.
Notemos que en Colombia 650.000 estudian gratis en las universidades estatales, sólo en septiembre de 2018 se presentaron 75.706 aspirantes de admisión a la U.N. para el primer semestre 2019.
Vale la pena recordar que la educación no es un derecho, (según Axel Kaiser) es un bien económico, «la sociedad» es una abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones.
El Estado -según Frédéric Bastiat- es una ficción en virtud de la cual algunos intentan vivir a expensas de todos los demás.
De ahí que el problema educativo sea económico; es decir, de creación y asignación de recursos, y no ético o de «derechos», la coerción estatal opera, no para proteger al ciudadano de una agresión sobre su vida, libertad y propiedad, sino para forzarlo a dar a otros lo que ellos quieren y que de manera voluntaria y pacífica probablemente no podrían obtener.
Un país que busca satisfacer derechos «sociales», inevitablemente entra en la senda de la decadencia y el conflicto ya que los políticos no pueden dar nada a nadie, que no le hayan quitado primero a otros y, como los recursos son finitos, la satisfacción de los «derechos sociales» solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo resultado es la crisis del sistema económico, explica Kaiser
Recientemente se descubrió un fraude en Colombia por 18 millones de dólares por matrículas de estudiantes que no existen o se habían matriculado y habían desertado de los estudios, pero seguían figurando como estudiantes años después,
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