Hay una vieja frase que desnuda toda una manera de corromper la conciencia: «Hacía frío, el vino era suave, Dios manda a amar… ¿qué podía hacer yo?» Es la moral de ocasión: la circunstancia que disuelve el mandamiento. No se niega la ley —se la sepulta bajo el peso de las condiciones concretas hasta que ya no obliga. El adulterio no se aprueba: se comprende. El pecado no se abole: se acompaña.
Este es el método que el Sínodo permanente introduce en el corazón de la Iglesia. Francisco clausuró formalmente el Sínodo sobre la sinodalidad en octubre de 2024 —asunto concluido, en teoría—. Pero dejó en pie una «fase de implementación» que ya bajo León XIV, convirtieron en 2026 en un proceso sin fin: el documento «Hacia las Asambleas 2027-2028» exige a los participantes estar «disponibles para sostener el proceso más allá de 2028», y erige equipos diocesanos, nacionales y continentales registrados en Roma fuera del derecho canónico. Un gobierno paralelo, perpetuo, deliberante. Que propone estructuras permanentes de participación, con equipos diocesanos, nacionales y continentales coordinados desde Roma. Sus críticos advierten que se está consolidando un sistema paralelo de gobierno donde, en la práctica, consejos y equipos —integrados mayoritariamente por laicos y sobre todo vecinas— adquieren un peso creciente en las decisiones pastorales, mientras el obispo termina refrendando procesos ya elaborados.
¿Y qué se delibera en una asamblea que nunca termina? Precisamente los absolutos. Aquí opera la dialéctica —tesis, antítesis, síntesis—: se toma el mandamiento («no cometerás adulterio»), se le opone la situación concreta («pero esta pareja se ama, y su realidad es compleja»), y de la fricción brota una síntesis que conserva la palabra y mata la exigencia. «Dios manda amar, y nosotros nos amamos» — y con ese sofismo, el sexto mandamiento se evapora entre aplausos. Mientras los diaconos bendicen a las parejas del mismo sexo o divorciadas y vueltas a arrejuntar.
El fundamento de todo esto se puso en 1648. La Paz de Westfalia enterró el derecho divino: la verdad dejó de ser una y universal para depender del príncipe. Nació el derecho positivo —ley es lo que el legislador decreta, no lo que Dios revela—. Trasladado a la Iglesia, el efecto es exacto: la doctrina deja de recibirse de Dios y pasa a producirse por la asamblea. El depósito revelado se vuelve materia legislable, sujeta a mayorías, contextos y sensibilidades.
El resultado tiene nombre: posverdad eclesiástica. No la negación frontal del dogma —eso despertaría a los fieles— sino su vaciamiento por saturación. Es agnotología aplicada a la fe: la fabricación deliberada de confusión, sepultando la certeza bajo capas de «discernimiento», «acompañamiento» y «circunstancias» hasta que nadie sabe ya qué obliga. El infierno no se niega: se deja de nombrar. El pecado no se combate: se problematiza. Los Novísimos no se abolen: se olvidan.
Y una verdad diluida no necesita perseguidores. Se disuelve sola, con la sonrisa del que dialoga.
El fin de este camino no es una Iglesia con errores —siempre los tuvo y los corrigió—. Es una Iglesia sin absolutos: la que ya no dice «esto es verdad, conviértete», sino «sigamos caminando juntos». La conversación infinita como tumba de la certeza. La sal que, por no ofender a nada ni a nadie, deja de salar —y ya no sirve sino para ser pisada.
Porque hacía frío, y el vino era suave.
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